El gobierno de España mantiene firme en su idea de identificar plenamente a los usuarios e inversionistas de bitcoin (BTC) y criptomonedas. Ahora buscan adecuar sus normativas a la regulación europea DAC8, que impone obligaciones a los exchanges de criptoactivos.
De acuerdo con un documento de consulta pública emitido por el Ministerio de Hacienda, la autoridad española busca “transponer al derecho interno” la directiva DAC8 antes del 31 de diciembre del 2025.
Para esa transposición, plantean modificar la Ley General Tributaria y el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria. También redactarán un real decreto “para regular la obligación de identificar la residencia fiscal de los usuarios de criptoactivos y de informar acerca de las transacciones con los mismos”.
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Ese real decreto, a su vez, se encargará de modificar la normativa obliga a que el sector bancario identifique la residencia fiscal de las personas que controlen determinadas cuentas financieras.
En la consulta, Hacienda señala que será necesaria la creación de una orden ministerial mediante la cual se apruebe el modelo de declaración informativa en relación con los criptoactivos. También, una ordenanza que modifique la normativa que aprueba el Modelo 289, referente a la declaración informativa anual de cuentas financieras.
La Hacienda española destaca en su documento que, desde noviembre de 2023, han mostrado intención de implementar un nuevo estándar de intercambio automático de información sobre criptomonedas, así como la ejecución de modificaciones efectuadas para el ámbito de cuentas bancarias.
Todo lo anterior sugiere que, con la aprobación de los planteamientos del Ministerio de Hacienda, España estará en facultad de obligar a los exchanges de criptomonedas y empresas similares a informar con detalle cuáles personas o compañías operan con bitcoin y criptomonedas.
En general, las empresas del sector de los criptoactivos, además de requerir autorización para operar en suelo español, tendrán obligatoriamente que remitir a Hacienda información sobre la identidad de las personas o compañías que operan con criptomonedas, su número de identificación fiscal, domicilio, valor de los activos en euros, valor de la compra, valor de la venta y toda operación que se realice con estos activos.
España ya fiscaliza a los usuarios de bitcoin
Con su movimiento, España se pliega a la DAC8, normativa que fue finalmente aprobada por el Parlamento Europeo en septiembre del 2023, la cual exige a los exchanges de criptomonedas a informar las transacciones de los usuarios, bajo el alegato de luchar contra la evasión fiscal.
La DAC8 entra en vigor en enero de 2026, por lo que los países del bloque europeo tienen hasta el 31 de diciembre de 2025 para adecuar sus normativas y reglamentos internos a lo establecido por la regulación.
La normativa atiende a las directrices establecidas en el Reglamento de Mercados de Criptoactivos que fue aprobado en abril de 2023. Norma que entra en vigencia este 2024.
Ahora bien, España ya es uno de los países que más se ha permitido regular al ecosistema de bitcoin. Desde la publicidad hasta la tributación, el país ibérico se ha perfilado como pionero en las normativas impuestas sobre el mercado emergente.
De hecho, actualmente está en marcha la campaña de declaración informativa de criptomonedas en el exterior, bajo el Modelo 721, cuya presentación debe realizarse antes de que finalice el corriente mes de marzo.
Dicho modelo enciende las alarmas de los inversionistas de bitcoin y criptomonedas, considerando que, a partir de estas declaraciones, el gobierno de España ahora tiene mucha información que podría utilizar para fiscalizar a los usuarios.
Esto de acuerdo con el economista español Jesús Lorente, quien explicó a CriptoNoticias que la Hacienda de España ahora tendrá conocimiento de las operaciones que realizan los usuarios españoles.
“Lo que hará muy fácil para Hacienda cruzar datos con las declaraciones para comprobar si han declarado sus criptomonedas correctamente o no”, dijo Lorente.
Justo por esa razón, cada vez hay más usuarios e inversionistas españoles de bitcoin que optan por la autocustodia de sus fondos para evitar declarar ante la Hacienda, según lo explicado por el economista José Antonio Bravo a este medio.
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