La Habana/El Gobierno ha eliminado definitivamente la obligación que tenían los pescadores no estatales de tener concertado un contrato con una empresa autorizada para la comercialización para entregarle la licencia de pesca. Con esta resolución, publicada el lunes en la Gaceta Oficial, adquiere carácter permanente una medida que fue tomada de forma provisional en 2022, pero que deja fuera el producto estrella de los mares cubanos: la langosta.
El texto detalla que las especies que podrán ser pescadas libremente son “peces, túnidos, ostiones, almejas, jaiba y camarones marinos, en este caso, fuera de las lagunas costeras, en aguas de la plataforma insular”. Mientras, la comercialización debe sujetarse a las decisiones de los gobiernos locales, en cada caso y habrá un “proceso de conciliación trimestral” entre la Oficina Nacional de Inspección Estatal y los pescadores sobre las capturas realizadas mediante la entrega de una declaración jurada.
La actual resolución pone fin al limbo en el que habían quedado los pescadores desde que empezó 2024, ya que la anterior tenía como duración hasta el 31 de diciembre de 2023. Aquel documento fue acogido con entusiasmo en su momento por la población, que no dejó de señalar la tardanza en flexibilizar unas limitaciones que, a su juicio, ataban de manos a miles de trabajadores del sector pesquero. Las consecuencias eran la inédita situación de que no hay, apenas, pescado en un país rodeado por el mar.
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Sin embargo, y a pesar del buen paso que constituye, la tenue liberalización no ha provocado ningún efecto visible en el año y medio que lleva aprobada. Según los datos del ministerio de Alimentación el consumo de pescado cayó en Cuba de un promedio anual de 18 kilogramos hace tres décadas a cerca de 3,8 kilogramos en 2022. Las cifras de 2023 aún se desconocen, pero nada hace presagiar que sean positivas.
El sector no recuperará los niveles de producción experimentados en los años 90, cuando Cuba extraía 100.000 toneladas de pescado de aguas internacionales
Aunque los pescadores llevan años advirtiendo de que el Estado les paga –como a los agricultores– tarde y poco, los funcionarios han atribuido casi en exclusiva la caída del sector pesquero a las deficiencias de la flota. «Entre los años 1976 y 1990 poseíamos una flota que pescaba en aguas internacionales. Cuba recibía así alrededor de 100.000 toneladas de pescado de forma anual. A partir de 1992 hubo una retirada gradual de esta flota y en el 2002 prácticamente no teníamos activa esta flota», dijo la viceministra del ramo en una Mesa Redonda de mediados del pasado año.
Poco antes, en diciembre de 2021, Ariel Padrón Valdés, director de Regulaciones Pesqueras y Ciencias del Ministerio de la Industria Alimentaria, advirtió de que el sector no recuperará los niveles de producción experimentados en los años 90, cuando Cuba extraía 100.000 toneladas de pescado de aguas internacionales, más 70.000 de las cubanas y 33.000 importadas.
Ante este escenario, las autoridades han optado por recurrir a la acuicultura como salvavidas, pero también el deterioro ha alcanzado a esta modalidad. En 2022, la provincia de Sancti Spíritus apenas llegó al 57% de la producción prevista por una menor presencia de especies, la escasez de combustible para realizar los trabajos de extracción y la falta de mantenimiento de las presas, expusieron.
La liberalización del sector podría no estar funcionando debido a los precios del Estado, ridículos si se compara con lo que da una mipyme. En un reportaje publicado por este diario en enero, varios pescadores de Manzanillo (Granma) contaron que el Combinado Pesquero paga menos de 2.000 pesos por cada tonelada de peces capturados, es decir, menos de un peso por pez. «Esto nos obliga a venderle a los particulares, que nos lo compran a 200 pesos la libra. Luego ellos revenden». Otros, añadieron, logran cerrar “un buen negocio con algún dueño de mipyme, que les compra toda la captura”.
Mientras, la langosta y el camarón rosado –que seguirán sujetos a las normas vigentes– son una extraordinaria fuente de divisas para el Estado y las empresas pesqueras, como Santa Cruz del Sur, en Camagüey, suelen capturar incluso más de lo esperado. En 2019, el Gobierno de Cuba ingresó 63 millones de dólares anuales por concepto de exportación de langostas y camarones, el último año del que hay una cifra disponible.
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