Para la periodista, el papel de la FGR es central en el caso Colosio debido a que reabrió el caso, pero con poca transparencia.
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Georgina Hernández
“El tema es que este caso no resuelve. No llena estos vacíos inconclusos que nos hacen falta, porque recordemos que durante años la realidad es la que autoridades nos contaron, una historia que no era”, afirma Laura Sánchez Ley, una de las periodistas y escritoras que más ha dedicado tiempo a investigar el homicidio del excandidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, ocurrido hace 30 años.
“Creo que los partidos políticos han sabido utilizar el tema para cuando les conviene, ya sea para santificar a Colosio, para recordar que la mafia del poder lo mató, que si Carlos Salinas no hizo nada. Los priistas lo mismo, para hacer su aniversario luctuoso a todo lujo en un lugar, por ejemplo, al que nunca van y se paran en la plaza de la Unidad y la Esperanza en Tijuana”.
Para Sánchez Ley, actualmente uno de los temas más importantes es el papel que está jugando la Fiscalía General de la República, que en 2019 dio a conocer la versión pública de la investigación iniciada por este caso. Un expediente de 15 tomos de las primeras indagatorias que integró de oficio la entonces Procuraduría General de la República por los hechos ocurridos el 23 de marzo de 1994, en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California.
Posteriormente, en abril de 2022, la FGR informó de manera escueta que reabrió el asunto y creó la quinta fiscalía para investigarlo.
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Sin embargo, la investigadora precisa que un dato relevante sobre esta reapertura, es que no se hizo mediante una investigación nueva, sino con base en la averiguación SE/003/95, titulada Averiguación previa integrada con motivo del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, abierta en febrero de 1995 por el entonces fiscal Pablo Chapa Bezanilla. Esta averiguación contemplaba la hipótesis de un segundo tirador.
Pero la transparencia no ha sido una característica de las investigaciones de la FGR en este tema, critica la periodista. Apenas en enero de este año dio a conocer, sin mayores detalles, que tenía varios testimonios que daban cuenta de que el exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, José Antonio Sánchez Ortega, sí estuvo exactamente en el sitio y momento del homicidio de Colosio.
Se trata de la misma acusación por la que fue detenido e interrogado hace 30 años, y por la cual también quedó libre, tras comprobar que la existencia de pólvora en sus manos no fue porque fuera armado y hubiera realizado el segundo disparo, sino porque horas antes había cargado gasolina.
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Hoy, gracias a un recurso de transparencia obtenido por la periodista Sánchez Ley, se sabe que desde abril de 2022 a la fecha han sido interrogadas 99 personas, de las cuales, 45 son peritos, 24 testigos y 19 policías, todos relacionados con la averiguación previa que justo se abrió en febrero de 1995.
“Más que el tema de los 30 años como aniversario luctuoso, creo que tenemos que poner mucho ojo en lo que está sucediendo en estos momentos, sobre todo porque viene de un presupuesto ejercido por una fiscalía que aparte debería tratar temas supercomplejos.
Estamos hablando que la nueva investigación del caso Colosio es parte de la Fiscalía Especializada en Tortura de la PGR, misma que investiga las presuntas torturas que sufrió Mario Aburto. Pero en el Poder Judicial están atorando la salida de Mario Aburto Martínez y a pesar de que ellos están trabajando la investigación por tortura, aseguran y juran que Mario Aburto no sufrió tortura”.
Para la periodista, el contexto electoral que hay en el país es otro detalle importante en este caso. Aquí entra en juego lo que ha hecho la FGR para detener la resolución que le daría su libertad a Mario Aburto.
Hay que recordar que el 5 de octubre del año pasado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en Toluca, Estado de México, le concedió a Aburto Martínez un amparo directo con el cual se ordenó la anulación de la sentencia de 45 años de cárcel que le fue dictada en diciembre de 1994.
¿Cuál fue el argumento?
El magistrado Luis Alberto Castro Velázquez explicó que se debía emitir una nueva resolución con base en el Código Penal de Baja California, que estaba vigente en la época de los hechos y no con el Código Penal Federal.
En consecuencia, la pena que le tendría que ser impuesta sería de 16 a 30 años de prisión y, por tanto, este amparo, le estaría abriendo la puerta para salir de prisión este marzo, que es cuando exactamente cumple 30 años de haber sido privado de su libertad.
No obstante, el pasado 12 de marzo el caso quedó congelado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que la Primera Sala bajó de la lista el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, que declararía infundado un recurso de revisión interpuesto por la Fiscalía General de la República contra el amparo.
“La Corte no quiere quedar como quienes liberaron a Mario Aburto, porque ha habido muchas malinterpretaciones en esta historia, porque dicen ‘la Corte lo va a liberar’. Y no, pero sí va a abrir la puerta porque cuando decida que no va a revisar esto porque no tiene ninguna irregularidad en el plano constitucional, de tratados internacionales, que es otro tema que revisan, regresa al Tribunal Colegiado y tiene que decretar libertad inmediata.
Entonces, la Corte en estos momentos de polarización de temporada electoral es evidente que no quiere quedar como los liberadores del asesino del siglo”.
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