El Congreso local pediría al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) llevar a cabo una auditoría integral al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento S. A. P. I. de C. V. (Grupo MAS), a fin de se expliquen las irregularidades identificadas durante los dos últimos ejercicios fiscales y lo que va de este 2024.
El diputado de Morena Fernando Arteaga Aponte, quien en varias ocasiones ha pedido que este organismo sea auditado, presentó un anteproyecto de Punto de Acuerdo para que el Congreso pida al Orfis llevar realizar dicha auditoría.
En la presentación de la solicitud a el indica que la auditoría deberá incluir un informe técnico, financiero, de legalidad y de desempeño, a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria para la prestación de servicios de agua y saneamiento en los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo.
La revisión al uso de los recursos deberá ser para los ejercicios fiscales 2022, 2023 y lo transcurrido de 2024.
- CHECALO -
«En varias ocasiones se han realizado señalamientos por las irregularidades detectadas desde el Congreso local, la cuales constan en informes oficialmente expedidos por instancias federales y estatales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Salud y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), entre otras», dijo.
Al presentar el anteproyecto, mencionó que las acciones que se han puesto en marcha para sancionar a Grupo MAS no han sido suficientes para terminar esta situación.
«En esta Legislatura no se ha quitado el dedo del renglón, en virtud de que prevalece el firme propósito de encontrar una solución eficaz para finiquitar por la vía legal este asunto que para quienes lo padecemos sabemos que es injusto”, expresó.
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En su opinión, ante la opacidad del destino de la facturación anual por prestación del servicio y por concepto de cartera vencida de su antecesor, Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz, Boca del Río y Medellín (SAS), es necesario que se emita un dictamen fiscal en el que Grupo MAS absorba los costos que se generen al contratar un despacho externo en apoyo al Orfis.
«El Congreso tiene un papel preponderante para atender y resolver la legítima exigencia de la población, que ya no quiere y no tiene por qué padecer los estragos causados por una empresa que se enriquece a costa del pueblo y cuya única transparencia que conoce no es en el agua ni en las finanzas, sino en la ausencia de calidad en un servicio que deja mucho que desear”, comentó.
Recordó que, además, existen múltiples reclamos de parte de los usuarios sobre el abastecimiento y las condiciones en las que el agua potable llega a sus viviendas, hecho que también debe ser analizado.
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