Giro inesperado en la masonería cubana con la expulsión del justiciero

La Habana/La Corte Suprema de Justicia Masónica de Cuba ha expulsado de la masonería por siete años a José Ramón Viñas Alonso, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del grado 33. La legalidad de la sentencia, emitida el jueves 22 de febrero, ha sido cuestionada por quienes la interpretan como un contraataque del Gran Maestro Mario Urquía Carreño, líder de la Gran Logia de la Isla, a quien Viñas había expulsado de la orden el pasado enero tras el robo de unos 19.000 dólares de su oficina. 

La medida acentúa el cisma entre la Gran Logia y el Supremo Consejo, las dos máximas instancias de la masonería en la Isla, y ha provocado una disputa que deberá ser resuelta en marzo durante una reunión de la Alta Cámara Masónica. Este órgano es el único con potestad para “poner en orden” la situación, explica a 14ymedio Ángel Santiesteban, masón de grado 33 –el peldaño más alto en la jerarquía de la orden– y periodista independiente. 

Para Santiesteban, la expulsión de Viñas es un “ataque ridículo motivado por la presión externa de la Seguridad del Estado” y su validez, asegura, es dudosa. “Hubo dos sentencias”, aclara. La primera respondía a la sanción pedida por Urquía Carreño tras la denuncia –ilegal, en opinión del Gran Maestro– de Viñas por la pérdida del dinero del Patronato del Asilo Masónico Llansó, una suma que Urquía Carreño debió custodiar en condiciones más seguras y que desapareció de su oficina, en el histórico edificio de Carlos III, en La Habana, el pasado 5 de enero. 

Para Santiesteban, la expulsión de Viñas es un “ataque ridículo motivado por la presión externa de la Seguridad del Estado” y su validez, asegura, es dudosa

“En el primer juicio que le hicieron a Viñas, el presidente [de la Corte Suprema] detuvo la sesión porque no encontró las pruebas suficientes para juzgar al Soberano”, aclara. 

La segunda sentencia, firmada 48 horas después de que se desestimara la primera acusación, contradice el primer documento y no lleva firmas ni cuños, algo que, además de ser poco riguroso, “no se puede hacer”, afirma Santiesteban. La explicación: el presidente de la Corte Suprema, Ernesto Valdés García, es uno de los empleados de Urquía Carreño en su mipyme Edifica S.U.R.L, dedicada a la construcción.

Es en la mipyme de Urquía Carreño, en opinión de Santiesteban, de donde parten las presiones al líder de la Gran Logia. El periodista alega que el propio Gran Maestro le dijo que había sufrido tres inspecciones “casi forenses”, por su rigor, a la gestión de su empresa. “Quizás de ahí salió algo”, sospecha Santiesteban, aludiendo a la posibilidad de que la Seguridad del Estado exija ahora a Urquía Carreño un precio por dejar en paz a su empresa. 

Un testimonio similar sobre Edifica S.U.R.L fue recogido por el digital Cubanet, que reunió este domingo los testimonios de varios altos funcionarios masónicos que –bajo condición de anonimato– detallaron el proceso legal y explicaron que Valdés García citó de urgencia a Viñas para efectuar un nuevo juicio, “pese a no existir nuevas evidencias”. 

Es en la mipyme de Urquía Carreño, en opinión de Santiesteban, de donde parten las presiones al líder de la Gran Logia

Viñas no asistió, y otros masones miembros de la Corte Suprema ni siquiera fueron notificados. “Lo más probable es que la nueva sentencia se haya cocinado en la oficina del Gran Maestro en el onceno piso, con lo cual estarían violando todas las leyes e incluso la división de poderes establecida en la masonería, según lo cual el Ejecutivo (el Gran Maestro y su gabinete) no puede entrometerse en los asuntos del poder Judicial, o sea, la Corte Suprema de Justicia Masónica; además de ignorar y violar la sentencia original, la cual suspendió el proceso”, arguyó un masón entrevistado por Cubanet. 

Ni Viñas ni Urquía Carreño han ofrecido declaraciones a propósito de la sentencia, sobre cuya efectividad, asegura a 14ymedio Santiesteban, tendrá que pronunciarse la Alta Cámara. En teoría, lo que decida el Supremo Consejo del grado 33 debería acatarlo la Gran Logia, y viceversa, pero no ha sido el caso. Sin embargo, “es muy difícil que la Alta Cámara expulse a Urquía Carreño”, admite, pues las tres cuartas partes de sus integrantes tendrían que aprobar la medida. 

Como ya había dicho Santiesteban durante una entrevista realizada por este diario, la polémica tras el robo del dinero del Asilo Llansó “intenta dividir a la masonería” y dañar de manera especial a Viñas, crítico frontal del régimen.  

Tras el robo de los 19.000 dólares de su oficina, Urquía Carreño se ha atrincherado contra quienes exigieron su renuncia. A medida que la cúpula masónica se resquebraja, la investigación policial sobre el robo parece haber llegado a un punto muerto y atiza las sospechas de que la Seguridad del Estado está detrás del cisma y de la persecución personal –mucho más personal tras la sentencia de la Corte Suprema– contra Viñas.