La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) cuenta con un plazo de cinco años para recuperar 18 mil 763 millones de pesos que fueron desviados de la Cuenta Pública Consolidada del ejercicio fiscal 2015 durante la administración del ex gobernador de Veracruz Javier «N», dio a conocer Delia González Cobos, titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
Este viernes, en conferencia de prensa la auditora refirió que dicho monto se relaciona con una sentencia firme que fue emitida por el desaparecido Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz en contra de Arnulfo Octavio, extesorero de Sefiplan, colaborador del priista Javier «N».
Ante ello, afirmó que el servidor público debe devolver el recurso, aunque “no se cree que alguien tenga en una cuenta bancaria más de 18 mil millones de pesos”.
“Todo está listo para que Sefiplan cobre y antes de que prescriba la sentencia, por tratarse de un crédito fiscal se puede cobrar el efectivo y con el embargo de bienes”, expresó.
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¿En qué consiste dicho desvío de recursos?
Detalló que la sanción económica está integrada por 12 mil 105 millones 439 mil 165.65 pesos por concepto de indemnización que equivale al daño patrimonial detectado en el ejercicio fiscal del 2015.
Además, expuso, se deben contabilizar 6 mil 657 millones 991 mil 541.10 pesos por concepto de sanción que consiste en una multa del 55 por ciento de la indemnización.
El 19 de mayo de 2017 el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) determinó en el recurso de reconsideración en los autos del expediente REC/15/064/2017, que Arnulfo Octavio es responsable directo.
Ante ello, el exfuncionario acudió a Tribunales, tanto locales como federales, en los cuales prevaleció la legalidad de la resolución en la que se le fincó la responsabilidad.
Tras agotar las instancias legales y procesales, el 19 de junio de 2023 desde la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz se dictó un acuerdo dentro de los autos del Toca de Revisión 415/2020/7 y acumulados 416/2020/7 y 417/2020/7 mediante el cual declaró que la sentencia de fecha 2 de febrero del año 2022 ha quedado firme para todos sus efectos legales.
Ante ello, el 3 de agosto de 2023, el crédito fiscal determinado fue remitido a la Sefiplan para que en el ejercicio de su facultad económico coactiva realice las gestiones para la recuperación de los montos determinados por este Órgano de Fiscalización.
Además, se advierte que la autoridad fiscal dispone de un término de cinco años para hacer efectivo el cobro de la cantidad que compone el crédito fiscal.
Por otra parte, la auditora señaló que la población requiere tener resultados en combate a la corrupción, ya que se pregunta “¿por qué no hay gente en la cárcel?».
Mencionó que se ha buscado que ninguna persona desvíe recursos o intente utilizarlos para actos diferentes a los que están destinados.
“Los servidores públicos que deben procurar hacer bien las cosas porque en el ente fiscalizar no se hacen negocios”, comentó.
En torno a las 351 denuncias penales interpuestas desde el 2007 a la fecha por un daño patrimonial de 35 mil 635 millones 735 mil 969.91 pesos, dato que presentó ayer jueves en su comparecencia, la auditora afirmó que entre el 60 y 70 por ciento están judicializadas y en muchas de ellas se han girado órdenes de aprehensión.
No obstante, manifestó que como la Fiscalía General del Estado (FGE) no está obligada a informar sobre las investigaciones por el tema de la secrecía, no se sabe el avance.
“Nosotros no podemos dar el seguimiento (a las denuncias) como quisiéramos porque no hay una disposición legal que obligue a la Fiscalía a comunicarnos los avances que se tienen cada uno de los procesos”, argumentó.
Pese a ello, reconoció que sí hay muchos casos en los que ha procedido el ejercicio de la acción penal, y ese dato lo sabe porque personal de la Fiscalía General del Estado le ha pasado un reporte no oficial.
“La gente no ve avances y eso es lo que han dado a conocer a los diputados locales, se tienen casos detectados con daño patrimonial y por eso la ciudadanía quiere ver que se castigue a los responsables, la gente quiere eso y nosotros también, estamos conscientes de eso y obviamente queremos también dar las respuestas, necesitamos ejemplos claros para que, quien asuma posiciones en los niveles donde ejercerá recursos públicos se abstenga de cometer conductas que dañan a la sociedad”, añadió.
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