(EFE).- La defensa de los tres jefes de campaña de la candidata presidencial opositora venezolana María Corina Machado denunció este miércoles la «desaparición forzada» de estos hombres, detenidos hace una semana, tiempo en el que ni sus familiares ni los juristas han podido verlos.
«Estas personas se mantienen en desaparición forzada, en una suerte de limbo jurídico en el cual ni sus abogados han podido tener acceso a ellos ni su familia», informó Omar Mora Tosta, uno de los defensores, en declaraciones a la prensa.
Explicó que abogados y familiares han visitado distintos centros de detención buscando, sin éxito, a los líderes regionales de la campaña de Machado en los estados La Guaira, Juan Freites; Yaracuy, Luis Camacaro; y Trujillo, Guillermo López.
- CHECALO -
El fiscal general confirmó el viernes que los cuerpos de seguridad detuvieron a estos ciudadanos, a los que acusó de estar vinculados con una trama conspirativa
El pasado viernes, el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó que los cuerpos de seguridad detuvieron a estos ciudadanos, a los que acusó de estar vinculados con una trama conspirativa en la que servían «como apoyo logístico para el grupo terrorista que pretendía asaltar varios cuarteles militares».
En vista de ello, el equipo de defensa de estos tres militantes de Vente Venezuela, el partido de Machado, ha enviado «alertas» a organismos internacionales para denunciar la situación.
Además, este miércoles los abogados presentaron un escrito ante la Defensoría del Pueblo en el que piden «que se defiendan los derechos constitucionales y procesales de estas personas».
«No es posible que las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzosas se hagan comunes en Venezuela, no lo vamos a permitir, no se debe normalizar esta situación», dijo el abogado Eduardo Torres, otro de los miembros del equipo de defensa.
El viernes, Vente Venezuela denunció que Camacaro y Freites fueron presentados ante un tribunal sin permitir el «contacto con sus familiares» ni la «presencia de sus abogados privados».
Las audiencias, prosiguió, se llevaron a cabo con «defensores públicos impuestos y sin el consentimiento» de los dirigentes del partido, que alertó al país y a la comunidad internacional del «proceder ilegal y arbitrario del régimen de Nicolás Maduro», presidente de Venezuela.
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