Las fotografías de Diosmary, una cubana de 49 años que vive en el aeropuerto de Palma, en la isla española de Mallorca, acompañaron esta semana los titulares de los periódicos locales. En el relato de cómo llegó allí, cuál es su situación migratoria y qué camino tomará ahora no hay nada claro excepto las imágenes, que la muestran con su única maleta de viaje, un abrigo y varias bolsas.
La «niña de Cuba» –como la llaman los periódicos con la evidente intención de motivar simpatía hacia su caso– alega que viajó a España en 2012 y que sus documentos migratorios han estado en un limbo legal desde entonces. Subió al avión como pareja de un cubano nacionalizado español que, según afirma, la abandonó más adelante.
Según Diosmary –que no aporta en ningún momento su apellido aunque sí su lugar de nacimiento: Pinar del Río–, se había casado en el Consulado español de La Habana, con la intención de establecerse con su esposo en el país europeo. Una vez en la Península, sin embargo, el plan se vino abajo y Diosmary alega haber pasado un sinnúmero de dificultades, muchas de ellas de índole migratoria.
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A la hora de de contar su experiencia en las oficinas migratorias de Extranjería, la mujer ofrece una versión plagada de inexactitudes
Pese a que las fotografías difundidas por dos periódicos baleares – Diario de Mallorca y Última Hora– son claras sobre la situación de Diosmary, a la hora de de contar su experiencia en las oficinas migratorias de Extranjería, la mujer ofrece una versión plagada de inexactitudes.
Para empezar, asegura, el Consulado español de La Habana le solicitó, antes de otorgarle la visa, una carta de invitación de algún residente en España –era obligatoria antes de la reforma migratoria que entró en vigor en enero de 2013, pero era el Gobierno cubano que la exigía–. Sin ella, alega que le advirtieron, no podría regresar a Cuba a menos que fuera en condición de turista –se sobreentiende que contando con residencia o nacionalidad española–, lo que la ha mantenido por 12 años en Mallorca, explica con un obvio desconocimiento de la ley cubana, que los medios españoles también ignoran.
Los pocos detalles ofrecidos por Diosmary sobre este procedimiento contradicen las normativas migratorias de Cuba de 2012, que aclaraban que los cubanos, una vez que abandonan el país por 12 meses (24 meses a partir de la reforma de 2013), perdían la residencia, pero nunca la nacionalidad, por lo que –según la ley y a menos que el Estado lo prohíba expresamente– pueden regresar a la Isla en cualquier momento con pasaporte cubano.
La cubana también reclama que las autoridades migratorias son las causantes de su situación, pues como esposa de un español, estaba convencida de que en pocos años obtendría la nacionalidad.
Según la legislación española, tras registrar el matrimonio, el cónyuge extranjero de un nacional español deberá solicitar la tarjeta de familiar de un ciudadano europeo, que le concede residencia temporal. Tras un año, ya podrá residir legalmente en el país demostrando que el matrimonio sigue vigente, y a los tres podrá obtener la ciudadanía, según estipula el Libro Primero del Código Civil español.
Por desgracia, lamenta Diosmary, su esposo la «abandonó» antes de que se cumplieran estos plazos debido a las «trabas burocráticas» para obtener los papeles. La mujer no aclara tampoco si su ex pareja sigue residiendo en España, regresó a Cuba o siquiera si permanecen casados, lo cual es un factor clave en la obtención de su documentación, ya que viajó como cónyuge de un español.
La historia de la pinareña se centra más bien en «los trabajos que ha tenido que pasar» durante estos años viviendo en las calles
La historia de la pinareña se centra más bien en «los trabajos que ha tenido que pasar» durante estos años viviendo en las calles, en albergues, en casas de personas que se compadecieron de ella y, como último recurso, en el aeropuerto Son Sant Joan, al que regresó por segunda vez para buscar refugio hace algunas semanas.
Allí tampoco, esgrime, está segura. «En ciertas ocasiones, hombres se acercan ofreciéndome dinero a cambio de favores sexuales o de un lugar donde alojarme, pero yo no me presto para eso», dijo la cubana al Diario de Mallorca.
Ahora solo quiere «encontrar un trabajo» para obtener un permiso de residencia, pero incluso este deseo contradice las normativas españolas, que actualmente exigen haber trabajado seis meses en un período de dos años para tramitar una residencia por arraigo laboral, incluso si se trabaja de forma ilegal. Diosmary, aunque asegura haber trabajado como empleada del hogar, niñera y otros oficios domésticos, tampoco ha solicitado la residencia por esta vía.
En el aeropuerto, donde ya los trabajadores la reconocen, vive de «jugos y galletas» que le entrega la Cruz Roja. La misma institución, señala, ha mediado para que se le entregue «un pasaporte», aunque Diosmary, una vez más, omite si con el documento piensa regresar a Cuba o seguir en sus intentos de establecerse en España. «Empezar de nuevo, aunque de otro modo» es la respuesta que da la mujer a quienes le preguntan cuál será su próximo paso cuando tenga el libro azul en su mano. Como el resto de su historia, su destino también es incierto.
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