De diciembre de 2018 a noviembre del presente año la Contraloría General del Estado impuso mil 525 sanciones a servidores de la administración pública estatal, señaló la titular de la dependencia, Mercedes Santoyo Domínguez, durante la comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado.
Ante los legisladores locales reconoció que los actos de corrupción continúan, la funcionaria indicó que durante esta administración se han emitido sanciones.
Refirió que desde el inicio de la actual administración la dependencia promovió 913 procedimientos de responsabilidad administrativa.
De esta cifra fueron sustanciadas 119 y se impusieron 212 sanciones por faltas administrativas no graves.
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Mencionó que la Contraloría ha interpuesto 186 denuncias de las que 164 han sido ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 22 ante la Fiscalía General del Estado, presentando 528 recursos ante los tribunales correspondientes para dar seguimiento a los Juicios Contenciosos Administrativos.
Estos procedimientos se suman a los 243 de responsabilidad administrativa, además de 134 auditorías y 47 revisiones a dependencias y entidades de la administración pública promovidas por la Contraloría.
Ante la Comisión de Hacienda, integrada por Rosalinda Galindo Silva, José Magdaleno Rosales Torres y Genaro Ibañez Martínez, la Contralora manifestó que se tiene un rezago de 18 por ciento en cuanto a la promoción de declaraciones patrimoniales de las y los burócratas del gobierno de Veracruz.
Esto, dado que la CGE registra 165 mil declaraciones presentadas tanto iniciales como de modificación y conclusión, lo cual representa un 82 por ciento del padrón total de personas servidoras de la administración.
Santoyo Domínguez refirió que en el periodo en cuestión la Contraloría determinó 814 observaciones, de las cuales 626 corresponden a observaciones generales y 118 relevantes, lo que representó una disminución en 44 por ciento y 58 por ciento, respectivamente.
En torno al ejercicio fiscal 2022, la Contraloría dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sólo ha observado el 0.3 por ciento de los 38 mil millones de pesos fiscalizados, mientras que de la Cuenta 2021, únicamente observó el 1.1 por ciento de los 130 mil millones de pesos del total fiscalizado.
Respecto a los recursos federales del ejercicio 2021, dijo, la ASF sólo observó el 1.4 por ciento de los 3 mil 828 millones de pesos fiscalizados.
La funcionaria manifestó que de manera conjunta con la Secretaría de la Función Pública se fiscalizaron dos programas federales en el periodo febrero-octubre 2022: el de “Recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales y el de Educación Media Superior”, los cuales no registraron observaciones tras fiscalizar mil 078 millones de pesos.
En el caso del Programa “Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, este se encuentra en seguimiento de aclaración por parte de la Secretaría de la Función Pública.
Esto, además del combate al rezago en la solventación de 503 observaciones en la fiscalización de los periodos 2005 al 2018, cuyo monto total ascendía a los casi 8 mil millones de pesos.
Entre los resultados de la Contraloría, Santoyo Domínguez destacó la elaboración de ocho Manuales Específicos de Organización con 148 descripciones de puestos al interior de la dependencia.
Además, se realizó la fiscalización de las obras de puentes, carreteras, rehabilitación de edificaciones, colectores pluviales, pavimentaciones de calles y caminos, permitiendo identificar áreas de oportunidad y riesgos en la ejecución de las obras, así como emitir recomendaciones para la adecuada aplicación de los recursos públicos.
Al abordar el capítulo de “Rendición de Cuentas”; Santoyo Domínguez comentó que hubo participación de los Órganos Internos de Control en 810 sesiones de Subcomités de Adquisiciones, la emisión de 397 recomendaciones en materia de evaluaciones financieras o de indicadores de gestión y la expedición de 26 mil constancias de no inhabilitación.
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