Acopio adeuda millones de pesos a los productores de la provincia cubana de Las Tunas

A las empresas estatales de Las Tunas las están asfixiando las deudas, lamentaron este martes las autoridades de la provincia. Entre los impagos a sus proveedores, los créditos sin amortizar en el banco y la falta de presupuesto, la peor situación la presenta Acopio, con impagos millonarios, la dirección provincial de Educación y varias cooperativas lo siguen de cerca.

La crisis, explica Granma, ha puesto entre la espada y la pared a Acopio, responsable en gran medida de la falta de comida en la provincia, pues le corresponde gestionar tanto la producción estatal de alimentos como la privada. La advertencia de los proveedores, admite el periódico, ha sido clara: si no pagan sus deudas, pronto se quedarán sin productos.

De momento, la situación no es muy esperanzadora. «Tenemos hoy 67 millones de pesos comprometidos por créditos que no hemos podido amortizar», reconoció Javier Velázquez, director comercial de la empresa. «Con las nuevas medidas adoptadas por el país, comercializamos solo el 5% de lo que se produce, con destino, por ejemplo, al consumo social y a las dietas médicas. Debido a los créditos, el banco nos retira el 80% de los ingresos diarios, y lo que hemos comercializado este año es ínfimo», explicó el directivo.

Además, la empresa está en medio de negociaciones con el Banco de Crédito y Comercio (Bandec), con el que mantienen varias deudas activas y muchas vencidas, para que le otorgue más financiamiento. «Esperamos que ahora, con una cierta intención de fortalecer la parte estatal, podamos también obtener más producción. Hemos estado negociando con el banco la posibilidad de un nuevo financiamiento, para poder recuperarnos como empresa», pero, esgrime Velázquez, los precios impuesto por el Estado también les pasa factura.

Según Maikel Cera, director general de Acopio en Las Tunas, los precios diferenciados para la población, impuestos por los gobiernos municipales, merman el margen de ganancia de la empresa

Según Maikel Cera, director general de Acopio en Las Tunas, los precios diferenciados para la población, impuestos por los gobiernos municipales, merman el margen de ganancia de la empresa, que se queda en unos pocos centavos. A ello se suma, argumenta el dirigente, que compiten con «intermediarios» que venden los mismos productos a mayores precios, pero pagan «al contado» y en efectivo, algo que no puede hacer la empresa por falta de liquidez.

En cuanto a la sucursal de Bandec que gestiona los créditos de la empresa, con cuyos directivos también habló Granma, el panorama que ofrecen sobre Acopio no es distinto. En lo que va de año, asevera Leancy Richard Collazo, director de esa entidad bancaria, se le aprobaron a la empresa tres financiamientos. «Tienen alrededor de 66 millones de créditos vigentes, de los cuales 23 millones están vencidos».

«Con tratamiento, hemos reestructurado 18 millones, y así los ayudamos a tener solvencia para solicitar nuevos financiamientos y liquidez para adquirir producciones», asegura.

Varias cooperativas de créditos y servicios (CCS) de Las Tunas también revelaron su preocupación por las deudas que siguen contrayendo con los productores sin que haya garantía de pago. Es el caso de la CCS Sabino Pupo, del municipio de Manatí, cuyos productores asociados han presentado quejas por el retraso en los pagos.

«La transferencia llega en tiempo, pero entonces el efectivo se demora, y tenemos a trabajadores contratados que no tienen tarjetas»

«La transferencia llega en tiempo, pero entonces el efectivo se demora, y tenemos a trabajadores contratados que no tienen tarjetas», reclamó Diosmani Ramírez, uno de los productores de leche asociados a la CCS, que expuso que los pagos se entregan la mitad en efectivo y la otra por transferencia. «Además, hay muchos pagos que todavía son en efectivo, para no decirle que en el municipio no hay cajeros, tenemos que acudir al banco y, aunque nos ayudan, no siempre nos pueden dar la cifra que pedimos», añadió.

Lo mismo ocurre en la CSS Conrado Benítez, del municipio de Colombia, cuyos directivos admitieron que «casi nunca se logra pagar (a los proveedores) dentro del mes» que estipulan los contratos. El deudor, en este caso, es precisamente Acopio, que no ha entregado lo correspondiente a las producciones de plátano y maíz de la CCS.

Arelis Calvo, encargada de economía en esa cooperativa, admite que la molestia entre los asociados es extendida. «Algunos se me acercan y me dicen que es mejor vender por fuera, porque tienen el dinero rápido en la mano, y ellos también necesitan comer y alimentar a sus familias. ‘Nuestra CCS cumple con lo que pacta, llevamos tres años siendo vanguardias. Entonces, ¿por qué no se cumple con nosotros?'», cuestionan a la entidad los productores.

Mailín Utria, directora general de la Empresa Cárnica Las Tunas, también dio parte de la situación de la entidad a su cargo. «Hemos logrado mantener cierta estabilidad en materia de pagos. Estábamos logrando hacerlos entre 20 y 25 días, pero en ocasiones ese plazo se ha extendido a 30 días», declaró. No obstante, el intento por ser puntuales sin tener el presupuesto, trajo sus consecuencias.

«Nos hemos visto en la necesidad de solicitar créditos bancarios para poder honrar esos pagos, porque la situación financiera de la empresa es tensa, debido a un alto número de cuentas por cobrar, por impagos de nuestros clientes», lamentó Utria, quien reconoció que en todo 2023 han asumido créditos por un valor de 130 millones de pesos, y ahora han solicitado 80 millones más.

«Nos hemos visto en la necesidad de solicitar créditos bancarios para poder honrar esos pagos, porque la situación financiera de la empresa es tensa, debido a un alto número de cuentas por cobrar»

También Educación, aunque presupuestada por el Estado, tiene la soga al cuello. «En nuestro caso, tenemos deudas ascendentes a 30 millones de pesos, de cuentas por pagar, dentro de las que se incluyen las del sector cooperativo y campesino. Esos saldos tan elevados no responden a negligencia o descontrol, sino a la situación tan apretada que tenemos con el presupuesto», justificó Yaimara Martínez, jefa del departamento de contabilidad y finanzas de la entidad.

«Nuestro sector está necesitando hoy más de cien millones para cerrar el año. Al inicio de este dejamos de recibir más de 180 millones en relación con nuestro anteproyecto y, por encima de eso, hasta este minuto nos han retirado 23 millones. Además, pagamos deudas de 2022 con presupuesto de 2023. Las direcciones de Finanzas no han podido respaldar nuestras necesidades», se quejó.

Según la funcionaria, Educación solo recibe dinero de forma permanente para pagar los salarios de los trabajadores. El resto dependen del aporte del resto de las empresas y «actores económicos» al presupuesto del Estado, pero este sistema también está en crisis, pues los organismos encargados de tributar también están teniendo problemas con sus propias finanzas.

«Se está despachando con las direcciones de Finanzas y Precios, para ver si al menos se nos repone la parte del presupuesto que utilizamos para pagar deudas del año anterior», dijo Martínez.

Por ahora, la única solución que ha encontrado Educación para aliviar la presión por las deudas es la de alargar los plazos de los contratos –que exigen el pago en 30 días– a 60 y 90, «para que no se conviertan en deudas envejecidas tan rápido, al no haber liquidez para pagar». Más que una solución, sin embargo, la medida solo sirve para alargar la espera de quienes exigen ser retribuidos por su trabajo.

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